El establecimiento de la fiscalidad ambiental constituye una exigencia de una adecuada política para proteger el medio ambiente. Además, aunque de modo indirecto, encuentra su respaldo en el Derecho constitucional y en el ordenamiento de la Unión Europea.

 En el caso español nos encontramos con numerosos impuestos relacionados con la energía. Ahora bien, tanto en el ámbito estatal con el autonómico encontramos falsos tributos ambientales con una finalidad meramente recaudatoria. En cuanto a aquellos tributos que disponen de un auténtico diseño ambiental, la falta de coordinación limita su eficacia.

 Por consiguiente, la reforma fiscal verde constituye un objetivo para España.

Se trata la extrafiscalidad en el campo de la tributación energético-ambiental, en relación con los principios de justicia tributaria, analizando críticamente la jurisprudencia del TC. También haré referencia a cómo los falsos tributos ambientales producen una doble imposición no justificada, que puede atentar contra los principios de no confiscatoriedad y de capacidad económica, aprovechando los recientes Autos del TS que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad en relación con los Impuestos de la Ley 15/2012.